LICITACIÓN PÚBLICA DEL
SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DEL DEPÓSITO DE PERROS ABANDONADOS EN EL CONCEJO
DE LANGREO. UN ANÁLISIS.
El 24 de marzo se
publicaba en la plataforma de contratación del estado el anuncio de licitación pública
del servicio de Recogida y depósito de
perros errantes o abandonados en el municipio y la gestión del centro de depósito
de perros del Ayuntamiento de Langreo.
En el anuncio de
licitación explicitaba el importe máximo a abonar por el Ayuntamiento: 55.000
euros anuales IVA incluido, lo que implica 45.454,4 euros netos, o sea 15.454,54
euros anuales más de los que se destinaron durante los últimos años.
Dejando de lado la
cuestión de si este presupuesto es suficiente o no para todo lo que exigen los
pliegos del concurso a la futura empresa o entidad adjudicataria, vamos a
realizar un breve análisis de las incongruencias y falsedades recogidas en
dichos pliegos.
Comenzaremos diciendo
que las empresas/entidades que se presenten al concurso lo hacen en una
situación de indefensión y les resulta totalmente imposible calcular los
ingresos que van a percibir, más allá de esos 45000 y pico euros. Esto es así
porque aunque se prevé que el ayuntamiento cobre unas tasas por las adopciones
de los perros abandonados, el mismo concepto de tasa (tributo que una persona
abona por la utilización de un servicio prestado por la administración), supone
que el ingreso es del Ayuntamiento, no
de la adjudicataria.
Se añade a esto que,
aunque se pudiera habilitar una formula según la cual dichas tasas fueran posteriormente
repercutidas a la adjudicataria, esto no viene recogido en los pliegos, y para
mayor confusión, dicho cobro y su cuantía se demora a una futura Ordenanza que
se aprobará en fecha no definida.
En conclusión, que
las entidades interesadas en que se les adjudique el servicio solo podrán
contar con esos exiguos 45.454 euros anuales, o sea algo menos de 3.790 euros
al mes para abonar todos los gastos. Y además, deberán devolver el 50% de esa
tasa que cobra el ayuntamiento, a los adoptantes que devuelvan al perro,
siempre que la causa sea justificada. En resumen, la adopción la cobra el
ayuntamiento, pero la devolución la abona la adjudicataria.
Respecto a los
criterios de evaluación, solo indica que la oferta económica pesará un 55% en
la ponderación final, mientras que el proyecto de gestión pesará un 45%. No se
especifica qué criterios se tendrán en cuenta para evaluar el proyecto de
gestión, un motivo más de indefensión ya que es totalmente arbitrario y
desconocido para los interesados y deja a la administración las manos
excesivamente libres, en nuestra opinión, para adjudicarlo a quien considere
oportuno, más allá de la bondad y oportunidad del proyecto presentado.
En tercer lugar, los
pliegos vulneran la normativa municipal, esto es la Ordenanza municipal de
tenencia de animales aprobada para el concejo de Langreo el 22 de diciembre de
2011, que está en vigor, ya que en el artículo 26 de dicha ordenanza considera
un perro no está abandonado hasta que transcurren 15 días desde su recogida y
traslado al albergue canino municipal, mientras que en los pliegos se cifra
dicho plazo en 8 días.
En cuarto lugar, el
ayuntamiento estima la recogida anual de perros abandonados entre 40 a 50
perros, cuando son conocedores de que la cifra anual de recogida de perros no
ha bajado en los últimos cinco años de 250, tal y como consta en los libros
registro del núcleo zoológico. Este dato que pudiera parecer irrelevante más
allá de la falta de veracidad de lo informado desde el ayuntamiento, también es
motivo de indefensión para las entidades interesadas en la adjudicación, ya que
no es lo mismo hacer los cálculos de gastos para 50 perros que para 250, como
todo el mundo puede suponer.
Abundando en lo
anterior, las entidades interesadas en ser adjudicatarias del servicio tampoco
pueden calcular el número de perros que saldrán en adopción, ya que en los
pliegos se indica que se desconoce ese dato, faltando también a la veracidad,
ya que tanto en las memorias anuales como en el libro registro del núcleo
zoológico se recogen el número de salidas y cuántas de ellas son adopciones.
Claro está, que si la adjudicataria no va a percibir ingresos por dichas
adopciones, el saber cuántos perros va a dar en adopción no incide a la hora de
hacer los cálculos necesarios para estudiar la viabilidad del servicio.
También se indica que
se entregarán los perros con contrato de adopción “según se recoge en la
normativa vigente”, no hemos encontrado ninguna referencia a dicho contrato ni
en la Ordenanza municipal ni en la Ley 13/2002 de 23 de diciembre, de tenencia,
protección y derechos de los animales. Sin duda, se echa en falta una revisión
y una redacción acorde con la normativa vigente, o al menos comprobar aquellos
extremos sobre los que se trata en los pliegos.
Para finalizar, se
exige a la futura adjudicataria un seguro de responsabilidad civil por importe
de 100.000 euros. Aquí entendemos que es de aplicación el RD 287/2002 sobre
tenencia de animales potencialmente peligrosos y la citada Ley 13/2002 del
Principado de Asturias, que en lo relativo a perros potencialmente peligrosos
recogen la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros causados por este tipo de perros con una cobertura no inferior a
120.000 euros. Habida cuenta que en el depósito de animales de Langreo se
recogen y residen varios perros calificados por la normativa como
potencialmente peligrosos, no se cumple la normativa con un seguro que solo
cubre 100.000 euros por responsabilidad civil. Es más, nuestra duda es de si
ese seguro podría cubrir la totalidad de los perros potencialmente peligrosos
que residen en la actualidad en el albergue, y los que vendrán, o si la
normativa tiene que entenderse como que se necesita un seguro por cada uno de
dichos perros. En cualquiera de los dos casos, los pliegos en nuestra opinión
vulneran claramente la normativa relativa a la tenencia de perros
potencialmente peligrosos, que es de obligado cumplimiento.
En conjunto, al leer
el texto nos invade una sensación de desconcierto, de falta de conocimientos,
de poca responsabilidad y menos respeto por la ciudadanía; en nuestra opinión, siendo
servidores públicos y tratando un asunto tan grave como es la vida y el
bienestar de los animales, deberían como mínimo haberse informado bien y leído
la normativa y haber hecho cuatro cuentas, de esas que hacemos todos para ver
si nos vamos o no de vacaciones y en qué condiciones.
Pero han preferido no
hacerlo y obviar la legítima alarma en los que nos preocupamos por los
animales, porque nosotros tenemos miedo de lo que va a pasar; porque cumpliendo
las condiciones del contrato, a ese precio solo hay una manera de recortar
gastos: a menos perros, menos gastos.
Esperamos
equivocarnos, pero por desgracia las matemáticas son muy tercas y los duros a
cuatro pesetas ya no quedan.
